Si las autoridades económicas desearan mejorar el poder adquisitivo del salario percibido por la población, una de las tantas alternativas con que cuentan es la reducción del IVA, para todos los bienes, incluidos los no transables, y paralelamente su eliminación para los productos de la canasta familiar.
Indudablemente el excesivo gasto político y el incurrido en otros rubros improductivos debería ser reducido a su mínima expresión y posteriormente eliminados, para compensar la merma en la recaudación y así el estado poder cumplir con sus obligaciones ineludibles.
El IVA es lo más regresivo que hay, puesto que penaliza el consumo y proporcionalmente a sus ingresos son los de menos recursos los que más lo sufren, siendo para un jubilado que percibe la mínima significativamente mayor el 21% de un producto "X", que para aquél que cuya remuneración supera dos, tres o cuatro veces el mínimo haber jubilatorio.
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