La falta de acatamiento de las leyes por parte de los funcionarios públicos es una reiterada muestra de subdesarrollo institucional, no por carecer de un apropiado marco legal ni por la ambigüedad de ciertas normativas, sino por temer cumplir con su propia responsabilidad, manteniendo el statu quo, y no terminar con estructuras corporativas enquistadas desde hace mucho tiempo y que tan mal le han hecho a la comunidad toda.
Los jueces y fiscales ante la permanente extorsión de los llamados grupos piqueteros, hacen muestra de una gran irresponsabilidad, al no cumplir con los postulados de la constitución y determinar taxativamente la ilegalidad de esas prácticas, cosa que es más que evidente, ordenando el procesamiento de aquellos dirigentes que se aprovechan de gente careciente, que es movilizada en muchos casos bajo la coacción, en pos de una ideología ya superada que lo único que puede exhibir es una larga lista de fracasos y atropellos que victimizaron por años a numerosos países, todos pobres, que terminaron aún más pobres de lo que eran.
A esas políticas ya sepultadas se las intenta revivir siendo para aquéllos inescrupulosos dirigentes el pasaporte que les permitiría, segun creen, llegar al gobierno soslayando los principios republicanos, ya que a través de un proceso electoral libre quedaría desenmascarada su nula representatividad.
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