En un estado democrático las Fuerzas Armadas son instituciones fundamentales, y por lo tanto deben estar subordinadas a la constitución nacional, la cual determina que su comandante en jefe es el titular del Poder Ejecutivo. En Chile, país vecino y amigo, el domingo próximo pasado falleció quien durante diecisiete años ejerciera la suma del poder público, tras el cruento golpe de estado que derrocara a un gobierno constitucional de orientación izquierdista, que estaba llevando al país a una crisis económica gravísima, por la inviabilidad de las políticas marxistas para dar respuestas a los requerimientos de la sociedad. El deceso, obró como un disparador para que se abrieran profundas heridas que estaban cicatrizadas a medias, agudizándose la permanente división que hay en aquel país entre los adeptos y enemigos de tan controvertido individuo. Sobre este tema, me pareció correcta la decisión de la presidenta del país trasandino, Sra. Bachelet, de dar de baja a un capitán del ejército y nieto del ex dictador, por haber pronunciado un agresivo discurso de tono político, cuando estas actividades están vedadas para los hombres de armas.
Los golpes de estado, no solucionan ningún problema e incluso complican los ya existentes, pero lo ocurrido en América Latina durante la década de los años 70 fue realmente atroz, porque se cometió toda clase de crímenes contra la humanidad, por parte de los gobiernos de facto que recurririeron al terrorismo de estado, que es el peor de todos, y por el accionar de organizaciones subversivas que sembraban el terror por doquier. Afortunadamente, en el cono Sur de América esta etapa ha sido superada, y podemos decir, que a pesar de los problemas vivimos en democracia.
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