El derecho a estar informado

En el diferendo suscitado con la República hermana del Uruguay, a mi entender hay errores compartidos, puesto que por un lado el gobierno argentino ha renunciado a ejercer su poder jurisdiccional al permitir el corte por parte de los manifestantes de la provincia de Entre Ríos de una ruta internacional, hecho tipificado por nuestro código penal como un delito federal. Cuando hablo del gobierno no me estoy refiriendo a los tres poderes, sino al ejecutivo, puesto que lamentablemente el judicial está subordinado al primero.

Las autoridades del país vecino, desde el primer momento violaron el protocolo del Río Uruguay, que establece que todo emprendimiento que pudiera llegar a involucrar a la otra parte debe ser previamente consensuado, para establecer las medidas adecuadas a fin de que no se produzca ningún perjuicio, sea éste económico o ecológico. Evidentemente al verse afectado el segundo, inexorablemente repercutiría en el primero.

He escuchado versiones acerca de determinadas afecciones, que se producirían en los residentes próximos a la central nuclear de Atucha, pero hasta el momento no tengo ninguna certeza, porque al menos oficialmente y públicamente, no se ha realizado ninguna evaluación comparativa para determinar si la incidencia de determinadas patologías es mayor en esa zona que en otras regiones del país.

Al depender la prensa oral, escrita y televisiva de la pauta publicitaria oficial, lamentablemente los medios han ido perdiendo confiabilidad, salvo el caso de honrosas excepciones, como es el de periodistas que asumen su responsabilidad de informar a la opinión pública de acuerdo a sus convicciones, no subordinandose al poder político de turno.

En estos temas la subjetividad es cada vez mayor y proporcional a la perplejidad en que nos encontramos, porque la información se está convirtiendo en un bien de difícil acceso, cuando en realidad acceder a ella, es un derecho que poseemos todos los ciudadanos que nadie nos puede cercenar.